El proyecto de Presupuesto de la provincia de Buenos Aires para 2026, que será presentado ante el Congreso el próximo miércoles, fue diseñado por el gobernador Axel Kicillof como su principal herramienta política para contrarrestar el modelo de austeridad implementado por el gobierno de Javier Milei.
El mensaje que acompaña la «ley de leyes» es directo y se plantea como una justificación política del gasto, sin evitar la confrontación y ofreciendo un diagnóstico severo sobre la situación económica actual.
“La economía argentina está atravesando una situación de emergencia debido a la crisis generada por las políticas económicas adoptadas por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023”, comienza el documento presupuestario con el cual Kicillof busca hacer frente al contexto de ajuste.
La necesidad de “proteger” el gasto social y la estructura estatal se basa en la premisa de que la provincia de Buenos Aires es especialmente vulnerable a la recesión que afecta al país.
Según el informe oficial, “la provincia de Buenos Aires no está ajena a esta situación general, sino que, por sus características propias, las crisis se amplifican”. Esta emergencia obliga a la Provincia a destinar una gran parte de sus recursos a garantizar el funcionamiento diario de la administración.
Las planillas anexas ratifican la estrategia: los gastos corrientes (destinados a salarios, servicios, transferencias sociales y el funcionamiento de la estructura estatal) consumirán 39,86 billones de pesos, lo que representa el 92,6% del presupuesto total, una cifra récord que subraya el enfoque en mantener los servicios esenciales y la asistencia directa.
Este énfasis en los gastos corrientes se realiza a costa de la inversión en infraestructura: el gasto de capital (obras públicas e inversión directa) apenas alcanzará el 7,3% del total. Para compensar este déficit, la Provincia ha enviado a la Legislatura un proyecto de endeudamiento por alrededor de 3035 millones de dólares.
El gobierno de Kicillof justifica esta baja inversión con una crítica directa al Gobierno nacional. A la situación de déficit económico, “se suma el abandono por parte del Estado nacional de sus funciones esenciales, la paralización de mil obras inconclusas en territorio provincial y la reducción de transferencias automáticas”, señala el presupuesto del Ejecutivo bonaerense.
El mensaje político de la Provincia subraya que el objetivo principal del presupuesto es mitigar el impacto social y productivo de la recesión.
Desde el Ejecutivo bonaerense se asegura que “el tejido productivo se deteriora rápidamente, el cierre de empresas se extiende a lo largo de la provincia, el desempleo aumenta al mismo ritmo que se destruye la producción, los ingresos familiares caen y la vulnerabilidad social crece exponencialmente”.
Así, el Presupuesto 2026 se define como un «presupuesto de defensa», un término que resume la postura oficial, donde el mayor volumen de gasto está justificado por la necesidad de sostener la red de contención frente a los efectos que la administración provincial atribuye directamente a las decisiones tomadas a nivel nacional.
IDC