Efectivos de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario realizaron una protesta frente a la Casa de Gobierno provincial para exigir aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales. En ese contexto, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, informó que 20 agentes serán pasados a disponibilidad.
La manifestación se inició durante la noche del lunes, cuando integrantes de las fuerzas de seguridad se concentraron en las inmediaciones de la sede del Poder Ejecutivo santafesino. En el lugar fueron ubicados dos patrulleros, uno sobre calle San Jerónimo y otro en 3 de Febrero, a la altura de San Martín.
Los manifestantes, tanto retirados como en actividad, pertenecen a las áreas de Brigada Motorizada y Orden Público, y presentaron ante las autoridades sus demandas vinculadas a recomposición salarial y mejores condiciones de trabajo.
Además, este martes por la mañana, un grupo de policías se movilizó frente a la Jefatura de la Unidad Regional II en Rosario, donde se registró la quema de neumáticos sobre la avenida Ovidio Lagos.
Desde el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) informaron un corte total del tránsito en ambos sentidos de la calle Gutiérrez y recomendaron evitar circular por la zona.
En paralelo, la fuerza llevó adelante un operativo en Aborígenes al 6300, que culminó con la detención de un menor y el secuestro de un arma de fuego.
Sanciones
El ministro Cococcioni confirmó que al menos 20 policías serán puestos en disponibilidad, con el retiro de su arma reglamentaria y del chaleco antibalas.
Desde la Casa de Gobierno, acompañado por los secretarios Omar Pereira (Seguridad Pública) y Esteban Santantino (Análisis y Gestión de la Información), el funcionario aseguró que su gestión trabaja para atender las demandas y dificultades del personal.
“Se fueron conformando determinados grupos que, a partir de intereses particulares, impulsaron acciones violentas e ilegales, instigaron al personal y difundieron información falsa”, sostuvo el titular de la cartera de Seguridad.
Asimismo, indicó que se articuló con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) una investigación por posibles delitos penales.
“En un momento se intentó bloquear la salida de los móviles para el patrullaje. Se calcula que unas 20 unidades quedaron directamente fuera de servicio, ubicadas frente a la jefatura”, explicó.
Finalmente, Cococcioni señaló que “el reclamo es legítimo y reconocemos que aún falta mucho para garantizar el bienestar de las fuerzas, pero sobre ese planteo válido se montaron otros que de legítimos tienen muy poco”.
IDC