El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue procesado este lunes por el delito de asociación ilícita.
La decisión fue adoptada por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de una investigación por presuntos sobornos, fraude contra el Estado e incompatibilidades derivadas del cargo público que ejercía al frente del organismo.
La resolución también alcanza a Daniel Garbellini, quien se desempeñó como número dos de Spagnuolo en la ANDIS, así como a Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, dos personas vinculadas estrechamente al sector de las droguerías.
En total, el magistrado dispuso el procesamiento de 19 personas y ordenó embargos sobre sus bienes por montos variables. Entre los imputados hay ex funcionarios y empleados de la ANDIS, además de empresarios privados que habrían participado, con distintos grados de responsabilidad, en la estructura ilegal que operó dentro del organismo.
El embargo más elevado fue fijado para Spagnuolo y supera los 202 millones de pesos.
En su resolución, Casanello sostuvo que durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei se consolidó “un esquema de corrupción institucional cuyo eje fue el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.
Según el juez, ese entramado estuvo integrado por funcionarios de alto rango y operadores externos que actuaron de manera coordinada, priorizando intereses privados ilegales en perjuicio del interés público.
El fallo describe que la ANDIS fue utilizada como un “mecanismo de enriquecimiento” para los integrantes de la organización, desviándose de su objetivo central, que debía ser la asistencia y protección de las personas con discapacidad.
Asimismo, el magistrado dejó abierta la posibilidad de ampliar la investigación al advertir que “el esquema delictivo revelado presenta límites aún imprecisos y no se agota en los hechos actualmente comprobados”.
Casanello agregó que dentro del propio organismo existen indicios de que la operatoria de intermediación, beneficios indebidos y sobreprecios se habría extendido a otras áreas y actores.
Finalmente, el juez señaló que el volumen de los negocios, la magnitud de las sumas involucradas y la actitud despreocupada frente a reclamos y advertencias sugieren que no se trató de una maniobra aislada y que podría haber contado con un nivel más amplio de complicidades.
IDC