“Se trata de un hecho histórico”, afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni al presentar este viernes, junto al canciller Pablo Quirno, los alcances del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíproco (ACIR) suscripto con Estados Unidos. Desde la Casa Rosada, los funcionarios apelaron al discurso clásico del libre mercado, destacando promesas de mayor competencia, reducción de precios y un fortalecimiento del vínculo bilateral orientado a captar inversiones.
No obstante, el entusiasmo oficial contrasta con la mirada de diversos especialistas, quienes advierten que el entendimiento consolida una relación profundamente asimétrica, alineada con los intereses estratégicos de Washington, y lo describen como un nuevo avance en una lógica de dependencia y subordinación de la economía argentina frente a Estados Unidos.
El politólogo Andrés Malamud ilustró esa disparidad con un dato elocuente: en el texto del acuerdo, la fórmula “Argentina deberá” aparece 113 veces, frente a apenas siete menciones de obligaciones para Estados Unidos y tres compartidas entre ambos países. “Quedamos debiendo”, sintetizó.
Desde el Ejecutivo señalaron que el ACIR deberá ser tratado en el Congreso, aunque todavía no se definió si el debate será incorporado al temario de las sesiones extraordinarias.
Para Luciana Ghiotto, investigadora del Conicet en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el acuerdo subordina la política comercial y exterior argentina a los lineamientos de la Casa Blanca. “No se trata principalmente de comercio, sino de que Argentina se adecue a los requerimientos estadounidenses en materia de intercambio, propiedad intelectual, transferencia de datos y posicionamiento frente a terceros países, especialmente China. En esencia, es un acuerdo anti-China”, sostuvo. Según la especialista, el texto obliga a replicar de manera casi literal la política estadounidense hacia otros actores globales, con el gigante asiático como telón de fondo permanente.
Ghiotto también remarcó que, a diferencia de los tratados de libre comercio de los años noventa, este acuerdo carece de reciprocidad real. “Aunque se lo denomine recíproco, no lo es: impone múltiples exigencias a Argentina mientras Estados Unidos ofrece concesiones mínimas. No hubo negociación, sino aceptación de condiciones, lo que explica la rapidez con la que se cerró un tipo de acuerdo que suele demandar años”.
En la misma línea, la doctora en Relaciones Internacionales Julieta Zelicovich (UNR) señaló que el ACIR constituye “un extenso listado de compromisos que asume Argentina frente a Estados Unidos, a cambio de escasas concesiones arancelarias y promesas de financiamiento para inversiones norteamericanas”, particularmente en el sector de minerales críticos.
Zelicovich advirtió que la asimetría no solo es cuantitativa, sino también jurídica. Mientras a la Argentina se le exigen reformas profundas en casi todas las áreas de la política macroeconómica —incluidas certificaciones, evaluaciones técnicas, modificaciones legales en propiedad intelectual y la adhesión a tratados internacionales previamente descartados—, Estados Unidos limita sus compromisos a dos decretos de la administración Trump, cuya validez está siendo revisada por la Corte Suprema. “Un eventual fallo adverso o un cambio de gobierno podría dejar sin efecto las concesiones otorgadas”, alertó.
La especialista también subrayó que el acuerdo incorpora obligaciones de alineamiento geopolítico, obligando a Argentina a acompañar sanciones y restricciones comerciales impuestas por Washington a sus adversarios estratégicos, principalmente China.
Por su parte, el economista Mariano Kestelboim, ex representante argentino ante el Mercosur, afirmó que el ACIR profundiza un modelo de primarización productiva, rezago tecnológico y mayor desigualdad distributiva. “De ser ratificado por el Congreso, estaríamos frente a una forma moderna de colonización, en la que Argentina adapta sus regulaciones, su comercio, su desarrollo tecnológico y su posicionamiento político a los intereses de Estados Unidos”, sostuvo.
Un intercambio desigual
En el plano comercial, el acuerdo prevé una eliminación inmediata de aranceles para productos que no compitan con industrias locales protegidas o que sean considerados insumos críticos. En sectores sensibles, como autopartes y textiles, la desgravación se extendería entre cinco y diez años.
Estados Unidos eliminará aranceles para 1.675 productos argentinos, con beneficios inmediatos para minerales críticos como litio y cobre, algunos químicos no patentados y producciones regionales como limón, frutos secos y biodiésel. Argentina, en cambio, reducirá aranceles en 221 posiciones, principalmente vinculadas a maquinaria usada, dispositivos médicos y componentes de tecnología de la información.
En el sector lácteo, el país se comprometió a no exigir el registro de plantas productivas estadounidenses, facilitando el ingreso de quesos y leches importadas, lo que genera preocupación en la producción local.
También se difundieron detalles sobre cupos y condiciones de acceso, que resultan incluso más relevantes que los aranceles. La cuota de carne vacuna con arancel cero se ampliaría de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, aunque este compromiso no figura en el texto del acuerdo y podría revertirse sin penalidades. En acero y aluminio, en tanto, no se estableció un cronograma claro para reducir los aranceles actuales del 25% y 10%, respectivamente.
En minería, el acuerdo habilitaría a Argentina a integrarse al grupo de proveedores estratégicos de la Inflation Reduction Act (IRA), el principal programa de política industrial y energética de Estados Unidos, lo que permitiría que empresas norteamericanas accedan a subsidios fiscales al utilizar litio y cobre argentinos en sus cadenas de valor.
El ACIR también elimina aranceles para bienes de capital estadounidenses, como computadoras, servidores, maquinaria agrícola de alta precisión y autos, aunque en este último caso con un cupo limitado a 10.000 unidades anuales, una porción menor del mercado interno. Además, se incorporaron Reglas de Origen estrictas para evitar el ingreso indirecto de productos fabricados en terceros países, como China, a través del territorio estadounidense.
IDC