MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Una mujer embarazada faltó a un control médico por temor a concurrir a una clínica en medio del amplio operativo contra la inmigración desplegado en Minnesota por el gobierno del presidente Donald Trump. Finalmente, una enfermera la encontró en su vivienda, ya con trabajo de parto avanzado y a punto de dar a luz.
En otro caso, un paciente con cáncer renal desapareció junto con sus medicamentos dentro de un centro de detención migratoria. Fue necesaria una acción judicial para que se le enviara la medicación, aunque los médicos desconocen si logró recibirla a tiempo.
A estos episodios se suman un diabético que evita retirar su insulina por miedo, un paciente con una lesión inicialmente tratable que terminó infectándose y debió ser internado en terapia intensiva, y trabajadores de la salud —originarios de América Latina, Somalia, Myanmar y otros países— que no se animan a presentarse a cumplir sus turnos.
“Nuestros espacios destinados a sanar están siendo atacados”, afirmó el martes el doctor Roli Dwivedi, expresidente de la Academia de Médicos de Familia de Minnesota, durante una conferencia de prensa en el Capitolio estatal, en St. Paul, donde distintos profesionales relataron el impacto humano de la ofensiva gubernamental.
Durante años, hospitales, escuelas e iglesias habían sido considerados ámbitos protegidos frente a la actuación de las fuerzas migratorias. Sin embargo, hace un año la administración Trump resolvió que las agencias federales de inmigración podían realizar detenciones en esos lugares, dando marcha atrás con una política vigente desde 2011.
“He ejercido la medicina en Minnesota por más de 19 años y nunca presencié un nivel semejante de desorden y temor”, sostuvo Dwivedi, al señalar que ni siquiera en el pico de la pandemia de COVID-19 se vivió una situación comparable.
La ofensiva, iniciada a fines del año pasado, escaló de manera inédita en enero, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el envío de 2.000 agentes y funcionarios federales al área de Minneapolis, en lo que definió como el mayor operativo de control migratorio de la historia.
De acuerdo con un documento judicial presentado el lunes, más de 3.000 personas en situación migratoria irregular fueron detenidas durante lo que el gobierno denominó Operación Metro Surge.
“Los pacientes están desapareciendo”, advirtió la doctora Erin Stevens, presidenta del área legislativa de la sección Minnesota del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos. Según explicó, hay mujeres embarazadas que no reciben controles prenatales esenciales, mientras que las solicitudes de partos domiciliarios crecieron de manera marcada, “incluso entre personas que jamás lo habían considerado o para quienes no es una alternativa segura”.
El incremento de la presencia policial en las progresistas Ciudades Gemelas derivó en choques entre activistas y agentes migratorios, tensiones entre autoridades locales y estatales con el gobierno federal, y la muerte de una madre de tres hijos a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Mientras funcionarios federales sostienen que se trató de un acto de defensa propia, las autoridades locales lo calificaron como una acción imprudente e innecesaria.
La administración Trump y el gobierno de Minnesota se responsabilizan mutuamente por la escalada del conflicto.
El episodio más reciente ocurrió el domingo, cuando manifestantes interrumpieron una ceremonia religiosa en una iglesia de St. Paul, debido a que uno de sus pastores encabeza la oficina local del ICE. Algunos protestantes se acercaron al púlpito, mientras otros gritaban consignas como “Fuera el ICE”.
Ante lo sucedido, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que abrió una investigación por posibles violaciones a los derechos civiles vinculadas a la protesta en el templo.
IDC