El Gobierno nacional dispuso este viernes una reorganización de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), otorgándole nuevas atribuciones y obligaciones, entre ellas el carácter reservado de sus operaciones y la facultad de detener personas en situaciones de flagrancia.
La medida fue establecida mediante el decreto 941/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto a su gabinete. Allí se detallan los cambios que se aplicarán en el organismo, que continuará bajo la conducción de Cristian Auguadra y Diego Kravetz.
La iniciativa implica una modificación profunda de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), con el objetivo de centralizar, actualizar y reorganizar el sistema de inteligencia, redefiniendo funciones, creando nuevas dependencias y ampliando sus atribuciones.
El decreto ratifica a la SIDE como la máxima autoridad del sistema de inteligencia y establece que estará conformada por el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) y la Inspectoría General de Inteligencia. Si bien cada uno de estos organismos contará con autonomía técnica y funcional, todos quedarán bajo la conducción política del titular de la SIDE.
Asimismo, se dispone que la ex Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pase a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), cuya función principal será prevenir y detectar amenazas estratégicas internas. Además, se amplía el alcance del concepto de contrainteligencia, incorporando la obligatoriedad de medidas pasivas en todo el ámbito del sector público.
En materia tecnológica, el Gobierno diferencia la ciberseguridad —orientada a la protección y prevención de riesgos sobre infraestructuras críticas— de la ciberinteligencia, enfocada en el análisis de amenazas en el ciberespacio. En ese marco, se anuncia la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que dependerá de la Jefatura de Gabinete y actuará como autoridad nacional en la materia.
La reforma refuerza la centralización de la SIDE, cuya coordinación política se realiza de manera reservada desde el entorno presidencial, a cargo del asesor Santiago Caputo. Además, el organismo concentrará la aprobación y fiscalización de los presupuestos de inteligencia y el control de los gastos reservados. También estará facultado para solicitar información a organismos nacionales, provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando lo estime necesario.
Otro aspecto relevante del decreto es la creación de dos espacios de intercambio de información. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), que agrupa a los organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y la UIF, y funciona como un ámbito permanente de coordinación y producción de inteligencia.
Por otro lado, se crea la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), integrada por ministerios y organismos civiles, cuya tarea será aportar información estratégica sin realizar actividades de inteligencia.
La reforma también introduce modificaciones en el área de inteligencia militar, mediante la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa y la transferencia de sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DGIEMCO). El objetivo es evitar duplicaciones y concentrar la inteligencia estratégica militar en un único ámbito.
Además, se autoriza a los organismos de inteligencia a garantizar su propia seguridad, repeler ataques contra sus instalaciones, personal u operaciones, y detener personas en casos de flagrancia, con obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. Este último punto generó fuertes cuestionamientos por parte de sectores de la oposición.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno remarca el carácter confidencial de todas las actividades de inteligencia, señalando que su naturaleza encubierta responde a la necesidad de reducir el Riesgo Estratégico Nacional.
También se reafirma la prohibición de realizar tareas de espionaje por razones ideológicas, religiosas o políticas, así como cualquier intento de influir sobre partidos políticos, medios de comunicación u opinión pública.
Las designaciones de los directores de los principales organismos tendrán rango de secretario y deberán ser notificadas a la Comisión Bicameral del Congreso.
El decreto entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente, conforme a lo establecido en la Ley 26.122.
Objetivos formalizados de la SIDE
- Dirigir las acciones de Inteligencia Nacional y Contrainteligencia.
- Planificar y ejecutar el ciclo de producción de inteligencia a través de sus propios organismos, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DGIEMCO).
- Coordinar el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) y las relaciones con servicios de inteligencia extranjeros.
- Articular acciones, dentro del marco de las Leyes 23.554 y 24.059, con funcionarios designados por los ministros correspondientes, cuyo rango no podrá ser inferior al de subsecretario.
- Solicitar a todos los organismos del Sector Público Nacional la información necesaria para cumplir sus funciones.
- Requerir la colaboración de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando resulte necesario.
- Supervisar la formación, capacitación y actualización del personal de la Secretaría, y colaborar con los organismos del SIN a través de la Escuela Nacional de Inteligencia.
- Brindar al Ministerio de Defensa la información necesaria para la elaboración de la Inteligencia Estratégica Militar, conforme a la Ley 23.554.
- Proveer información al Consejo de Seguridad Interior, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24.059.
- Intervenir en la lucha contra el terrorismo y coordinar acciones con organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires competentes en la materia.
- Conducir la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), integrando la información producida para elevarla al Presidente.
- Proponer a la Jefatura de Gabinete los niveles de alerta de Seguridad Estratégica Nacional, con asistencia de los ministerios de Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores.
- Celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para el cumplimiento de sus funciones.
- Planificar y ejecutar la inteligencia geoespacial en apoyo al Sistema de Inteligencia Nacional.
- Gestionar la criptografía del Sistema de Inteligencia Nacional.
- Asesorar al Poder Ejecutivo, dentro de su competencia, en materia de comunicación estratégica del Estado.
- Elaborar el Informe Anual de Actividades de Inteligencia para su presentación ante la Comisión Bicameral del Congreso, contando con la información suministrada por todos los organismos del SIN.
IDC