Con el objetivo de contener el deterioro operativo y financiero del sistema sanitario de las fuerzas armadas, el Poder Ejecutivo Nacional formalizó una reorganización integral del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
La decisión fue oficializada este jueves mediante un decreto que establece la disolución del organismo actual y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
Según fuentes oficiales, la medida apunta a revertir una crisis económica de extrema gravedad, con un pasivo auditado cercano a los 200.000 millones de pesos. Desde el Ministerio de Defensa y la Jefatura de Gabinete señalaron que el modelo anterior resultó insostenible debido a irregularidades en gestiones previas y a un desequilibrio estructural que ponía en riesgo la atención sanitaria de más de 500.000 afiliados.
Nuevo esquema de funcionamiento
La OSFA quedará bajo la órbita del Ministerio de Defensa, conducido por Carlos Presti, y contará con autonomía administrativa y personería jurídica propia. Tendrá a su cargo la cobertura de salud del personal militar en actividad, civiles de las Fuerzas Armadas, retirados y sus respectivos grupos familiares. En tanto, la OSFFESEG dependerá del Ministerio de Seguridad y brindará asistencia médica a los efectivos de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina.
Uno de los ejes centrales del decreto es el resguardo del financiamiento. La normativa fija una distribución estricta de los recursos para ambas obras sociales:
80% de los ingresos deberá destinarse exclusivamente a prestaciones médico-asistenciales.
Hasta un 8% podrá utilizarse para gastos administrativos y operativos.
El 12% restante solo podrá aplicarse a otras prestaciones sociales una vez garantizada la cobertura sanitaria.
Control, idoneidad y auditoría
Para evitar la repetición de los problemas detectados en el IOSFA, el Ejecutivo estableció criterios de idoneidad técnica para la conformación de los directorios. Los responsables deberán acreditar experiencia comprobable en gestión y administración sanitaria, tanto en el sector público como privado. Además, las nuevas entidades estarán sometidas a auditorías permanentes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a un régimen estricto de incompatibilidades destinado a prevenir conflictos de interés.
La urgencia de la reforma se refleja en situaciones críticas como la de Punta Alta, principal polo naval del país, donde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que cerca de 42.000 personas, más de la mitad de la población local, dependen de esta cobertura y han sufrido interrupciones prolongadas en servicios esenciales.
Etapa de transición
El proceso de reorganización prevé el traspaso ordenado de activos, pasivos y personal del IOSFA a las nuevas obras sociales. Una Comisión Especial Ad Hoc, integrada por representantes de los ministerios de Defensa, Seguridad, Economía y Salud, será la encargada de supervisar que la transición no afecte el cumplimiento del Programa Médico Obligatorio (PMO) ni la continuidad de tratamientos en curso.
Desde el Gobierno sostienen que la división del sistema permitirá una gestión más eficiente y focalizada, acorde a las particularidades de cada fuerza, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad financiera y resguardar el derecho a la salud del personal militar y de seguridad y sus familias.
IDC