Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizaron un abrazo simbólico en la sede central del organismo, luego de que el Gobierno nacional dispusiera el cierre de la Dirección de Metrología Legal y del Organismo de Certificación. Desde el sector alertaron sobre una eventual pérdida de rigurosidad en los controles aplicados a productos y servicios.
A través de la Resolución 213, publicada en el Boletín Oficial el último día hábil de 2025, la administración del presidente Javier Milei resolvió eliminar esa dirección a partir del 31 de enero. En el área se desempeñan más de 150 técnicos y profesionales encargados de la verificación y certificación de instrumentos de medición en todo el territorio nacional.
Desde las 10 de la mañana, empleados del INTI se concentraron frente al edificio ubicado en General Paz 5445 para rechazar la medida. Según manifestaron, la decisión oficial privará a los usuarios de la posibilidad de recurrir a un organismo público para revisar multas, productos o prestaciones, ya que los controles alcanzan a surtidores de combustibles, balanzas comerciales y portuarias, radares de control de velocidad y alcoholímetros utilizados para medir el nivel de alcohol en sangre de los conductores.
Asimismo, señalaron que el instituto también certifica medidores de agua potable y energía eléctrica, termómetros clínicos y taxímetros, entre otros instrumentos de uso cotidiano.
“La atribución que tenía el INTI de resguardar los patrones nacionales de medida —y garantizar que un metro sea un metro, un litro sea un litro y un kilogramo sea un kilogramo— fue otorgada hace 22 años mediante un decreto del Poder Ejecutivo como una facultad indelegable, en función del conocimiento de su plantel científico-técnico y de su carácter de organismo público con reconocimiento internacional, que cumple el rol de tercero imparcial en las transacciones comerciales entre privados”, expresaron los trabajadores.
La resolución impulsada por el Gobierno nacional implica el cierre del área de Metrología y establece la transferencia total del control de los instrumentos de medición a laboratorios y entidades de certificación privadas acreditadas por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA). Si bien estas instituciones ya realizaban parte de estas tareas, desde el INTI remarcan que el organismo estatal es su principal competidor, al ser el más elegido por empresas y usuarios en todo el país.
De acuerdo con los trabajadores, el alto nivel de satisfacción de quienes utilizan los servicios del instituto queda reflejado en la cantidad de órdenes de trabajo abiertas anualmente y en su facturación, indicadores que —según sostienen— contradicen los argumentos oficiales sobre supuestas demoras, desburocratización y eliminación de trabas al comercio.
“Antes de esta decisión, la verificación de un alcoholímetro en el INTI tenía un costo de $140.000 para un municipio. A partir de ahora, controlar cada equipo en un laboratorio privado costará alrededor de $1.200.000”, advirtieron. En ese marco, alertaron sobre posibles riesgos para la seguridad pública, ya que muchos gobiernos locales podrían dejar de realizar los controles ante la imposibilidad de afrontar esos costos.
IDC