Demian Reidel, titular de Nucleoeléctrica Argentina S.A., quedó en el centro de una serie de acusaciones administrativas y judiciales por supuestas anomalías en procedimientos de contratación. El eje principal de los cuestionamientos es una licitación vinculada al servicio de limpieza de las centrales nucleares de Atucha, en la que se habría detectado un presunto sobrecosto superior al 140% en comparación con el contrato vigente y con los valores históricos del mismo servicio.
Reidel es economista y físico, con antecedentes en el Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger, y se convirtió en uno de los colaboradores económicos más cercanos al presidente Javier Milei.
Dentro del espacio libertario es visto como un funcionario con alto nivel técnico y marcada orientación ideológica, con incidencia directa en áreas clave del Estado, especialmente en el ámbito energético y nuclear. En ese entorno es apodado “Satanás”, aunque el origen de esa denominación no está claro.
El conflicto se originó a partir de una licitación para la limpieza de sectores críticos de las centrales Atucha I y II, un servicio sensible por desarrollarse en áreas con riesgo radiológico.
De acuerdo con información difundida por el diario Perfil, el proceso licitatorio habría incorporado modificaciones en los criterios de admisión, plazos reducidos y exigencias técnicas que limitaron de manera significativa la competencia. De nueve empresas que se presentaron, sólo dos —LX Argentina y La Mantovana Servicios Generales— superaron la evaluación técnica inicial.
Posteriormente, y sin contar con un análisis técnico previo del área correspondiente, se sumó Limpiolux en la instancia económica, lo que despertó fuertes objeciones internas por vulnerar la trazabilidad del procedimiento y las normas administrativas.
Las tres compañías presentaron cotizaciones muy por encima de los valores vigentes, aunque la propuesta de LX Argentina fue la menor dentro de ese grupo, quedando así como potencial adjudicataria. Según la denuncia interna, ese monto implicaba un incremento de al menos el 140% respecto del contrato en curso, lo que habría ocasionado un perjuicio económico relevante para la empresa estatal.
El gerente de planta de Atucha I y II, Juan Pablo Nolasco Sáenz, presentó un informe ante el Comité de Integridad en el que alertó sobre presiones internas, intentos de modificar dictámenes técnicos ya emitidos y solicitudes para respaldar económicamente ofertas más elevadas.
En ese documento también se mencionan intervenciones de sectores sin incumbencia técnica y comunicaciones reiteradas con carácter urgente. Tras la difusión de la denuncia, el directorio de Nucleoeléctrica decidió suspender la licitación y desplazar de sus cargos al gerente general Marcelo Famá y al gerente de Coordinación Administrativa Hernán Pantuso, ambos designados por Reidel y señalados como personas de su confianza. La medida dejó al descubierto una fuerte disputa interna en la conducción de la compañía.
El episodio no sería un hecho aislado. Antes de que el tema trascendiera públicamente, la firma Distribón SRL había presentado una demanda ante la Justicia Federal para impugnar otra licitación de limpieza de Nucleoeléctrica, al denunciar un supuesto direccionamiento basado en requisitos que consideró arbitrarios y plazos inviables para tareas de alta complejidad técnica.
En este escenario, las acusaciones por sobreprecios y presunto direccionamiento colocaron bajo escrutinio el sistema de compras y contrataciones de una empresa estratégica, en un contexto en el que el Gobierno promueve la privatización parcial de Nucleoeléctrica. La falta de declaraciones públicas de Reidel frente a las críticas profundiza el clima de tensión interna y mantiene abierto un conflicto que continúa sumando episodios.
IDC