La Justicia puso bajo la lupa al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, por haber realizado 72 viajes internacionales entre 2017 y 2025, en su mayoría a bordo de vuelos privados de alta gama, con un gasto estimado que superaría los 7 millones de dólares.
La causa se concentra en determinar el origen de los fondos utilizados para financiar traslados cuyo costo promedio rondaría los 150 mil dólares por trayecto. De acuerdo con los datos recolectados, de un total de 150 segmentos registrados, el 71% se efectuó en aeronaves ejecutivas.
La investigación también examina las relaciones del dirigente con Javier Faroni, agente recaudador de la AFA. La empresa de este último, TourProdEnter, es objeto de una pesquisa por presunto lavado de activos y por el supuesto desvío de 42 millones de dólares hacia sociedades ficticias vinculadas al entorno de Toviggino.
Según los registros migratorios, los destinos más frecuentes incluyeron Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, Paraguay y Perú. Entre las aeronaves utilizadas figuran modelos de lujo como el Gulfstream G450 —empleado durante el Mundial de Qatar 2022— y un Bombardier Learjet 60XR perteneciente a Listra 200 SA, compañía controlada por Faroni. Además, la firma Flyzar contabilizó 18 vuelos del dirigente, mientras que se detectaron unos 60 traslados en helicóptero hacia una residencia ubicada en Pilar.
Esa propiedad, situada en el conurbano bonaerense y valuada en aproximadamente 17 millones de dólares, constituye otro de los puntos clave del expediente que instruye el juez Marcelo Aguinsky. La Justicia cuestiona la aparente incongruencia entre los ingresos declarados por Toviggino como directivo de una entidad civil y el nivel de gastos y bienes que exhibe.
Por último, también se investigan los vínculos con la empresa Soma SRL, de la cual el tesorero habría sido socio, así como el uso de aeronaves pertenecientes a Baires Fly SA, firma investigada por la presunta emisión de facturación apócrifa.
En el marco de la investigación fue identificado un presunto prestanombre, Luciano Pantano, cuya identidad y antecedentes vinculados al fútbol del ascenso despertaron sospechas dentro del expediente por posibles maniobras de autoincriminación.
El magistrado dispuso la cancelación de una tarjeta corporativa American Express emitida a nombre de Pantano, que acumulaba consumos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos. Esa decisión provocó, entre otras consecuencias, la interrupción del servicio de DirecTV en la vivienda del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, situada en Cardales.
Dentro del entramado aparecen mencionados los santiagueños Fabián Saracco y Alejandro Molina, junto con Juan Pablo Beacon, Francisco Capurro y Mauro Paz. De acuerdo con los investigadores, no existiría una relación directa entre ellos, más allá de su participación en negocios ligados al fútbol y su vínculo con el tesorero Pablo Toviggino.
Según la hipótesis judicial, el esquema de recaudación tendría como pieza clave al exdiputado Javier Faroni, señalado como impulsor de la denominada “marca Messi”. A través de la sociedad offshore TourProdEnter, Faroni habría canalizado sumas estimadas entre 300 y 400 millones de dólares que no figurarían en los estados contables de la AFA.
La operatoria habría contado además con el respaldo de la financiera Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, utilizada para el descuento de cheques y la concesión de préstamos a dirigentes, como el otorgado a Eduardo Spinosa, presidente de Banfield. En paralelo, y frente al avance de las causas promovidas por la fiscal Cecilia Incardona, la AFA buscaría trasladar su domicilio legal a Pilar con el objetivo de esquivar el control de la Inspección General de Justicia (IGJ) y quedar bajo la órbita de la Justicia de la provincia de Buenos Aires.
IDC