Los incendios forestales que afectan a la Patagonia argentina ya devastaron más de 15 mil hectáreas, según cálculos preliminares de las autoridades. El trabajo conjunto de brigadistas, bomberos y voluntarios, junto con una leve mejora del clima, permitió sofocar 22 de los 32 focos registrados hasta ahora. Sin embargo, el panorama sigue siendo alarmante en la provincia de Chubut, donde se concentra el incendio principal —aún activo— y que se ha convertido en una de las áreas más golpeadas por esta emergencia ambiental.
El gobernador chubutense, Ignacio Torres, alertó en redes sociales que “la situación continúa siendo crítica y no hay espacio para bajar la guardia”. De acuerdo con el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, alrededor de 13 mil hectáreas fueron arrasadas en la provincia, especialmente en zonas cercanas al Lago Epuyén, como Puerto Patriada y El Hoyo, además de sectores del Parque Nacional Los Alerces, un área de enorme valor ecológico.
Desde el gobierno provincial informaron que, hasta el domingo, unas 659 personas —entre brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad y voluntarios— trabajaban en los puntos afectados. El despliegue incluyó dos helicópteros, dos aviones hidrantes, tres aeronaves anfibias y un Boeing 737 FireLiner, especializado en el combate aéreo de incendios forestales. A comienzos de la semana, las autoridades confirmaron la evacuación preventiva de al menos 17 familias y la internación de tres personas con quemaduras de distinta gravedad.
Mientras los equipos continúan los esfuerzos para apagar los focos activos y evitar que se expandan, los gobiernos provincial y nacional iniciaron investigaciones para determinar las causas de los incendios. En ese marco, el Ministerio de Seguridad Nacional recordó que el 95 % de los incendios forestales se originan por acciones humanas, ya sea por descuido o de manera deliberada.
Bajo ese argumento, la cartera nacional sostuvo durante el fin de semana que los primeros indicios en Chubut apuntan a que los incendios “podrían estar vinculados a grupos terroristas que se autodenominan mapuches”, con antecedentes de ataques a la seguridad pública y a la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental. Estas afirmaciones provocaron una fuerte controversia en todo el país.
En sintonía con esa postura, el gobernador Torres aseguró que la Justicia ya habría determinado la intencionalidad de los focos ígneos. “Desde la provincia vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que los responsables enfrenten a la Justicia”, sostuvo, remarcando que no se tolerará la impunidad frente a delitos ambientales de esta magnitud.
¿Intereses inmobiliarios detrás de los incendios en la Patagonia?
Las acusaciones contra el pueblo mapuche fueron rechazadas por más de 30 organizaciones de comunidades originarias, que atribuyeron los incendios a la falta de políticas de prevención y a la inacción de los gobiernos provincial y nacional. En un comunicado conjunto, denunciaron que el Estado mantiene retenidos cerca de 600 mil dólares destinados a programas de prevención de incendios forestales y señalaron que, en el último año, casi la mitad del personal del Servicio de Manejo del Fuego fue despedido.
“¿Por qué el fuego vuelve a repetirse? Porque no hay recursos, no existe prevención y, como siempre, se llega tarde”, expresaron. “¿Y cuál es la respuesta repetida del gobierno? Culpar al pueblo mapuche”.
Frente a la presunta falta de recursos, las organizaciones responsabilizaron al gobierno provincial, al que acusan de permitir el avance del fuego como una forma de desplazamiento territorial. “Nos están expulsando mediante el fuego. Año tras año utilizan los incendios como una herramienta de gentrificación, fomentando el odio y el racismo para dividir”, afirmaron.
La falta de una respuesta estatal adecuada también fue cuestionada por Greenpeace Argentina. La organización advirtió que el crecimiento poblacional desordenado, la ausencia de planificación urbana, la desinformación y los reiterados intentos de modificar las leyes de uso del suelo —impulsados por intereses inmobiliarios— generan un contexto que agrava el impacto destructivo de los incendios.
“Una vez más, la sociedad presencia cómo el fuego avanza sobre el bosque andino patagónico y las comunidades cercanas”, señaló Greenpeace. “Un patrimonio milenario de flora y fauna nativa, junto con las poblaciones que dependen de él, es destruido año tras año. Estos megaincendios no son hechos aislados, sino el resultado directo de decisiones humanas”.
Consultado sobre una posible vinculación entre los incendios y negocios inmobiliarios, Torres rechazó esa hipótesis y afirmó que su gestión no permitirá la venta de “ni una sola hectárea de bosque nativo”, ni tolerará usurpaciones en las zonas afectadas por el avance de las llamas.
IDC