Legisladores nacionales y referentes de distintos sectores de la oposición cuestionaron con dureza la decisión del Gobierno de avanzar con el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sostuvieron que la medida busca “tapar” las presuntas coimas que se habrían cobrado en el organismo. Según afirmaron, el objetivo sería “esconder la mugre debajo de la alfombra”.
El anuncio fue realizado este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la que confirmó el cierre de la ANDIS y la transferencia de sus funciones al Ministerio de Salud. La decisión se conoce meses después de que saliera a la luz una supuesta red de corrupción y sobornos dentro del organismo.
La filtración de audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, fue el disparador del escándalo, que también involucró a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En las grabaciones se la menciona como impulsora de un presunto pedido de coimas equivalente al 3% de los contratos firmados con laboratorios proveedores de medicamentos.
El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, aseguró que la disolución del organismo responde a un intento del Poder Ejecutivo de “borrar las huellas de las coimas” y avanzar en lo que definió como “un plan de impunidad”.
“Quieren eliminar la ANDIS para borrar las huellas de las coimas en discapacidad”, escribió el diputado santafesino en la red social X. A su entender, no se trata de una reorganización administrativa sino de una maniobra destinada a encubrir irregularidades.
En la misma línea se expresó el ex presidente de la Comisión de Discapacidad de Diputados, Daniel Arroyo, quien calificó el cierre de la ANDIS como “un retroceso grave” y afirmó que la medida ignora años de lucha del colectivo. “La discapacidad no es solo un tema sanitario: requiere una mirada integral que incluya educación, trabajo y transporte”, sostuvo el ex ministro de Desarrollo Social.
Arroyo advirtió además que la decisión vulnera la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y reclamó no regresar a un modelo exclusivamente médico.
El diputado de Unión por la Patria Itai Hagman también cuestionó la medida y afirmó que, tras la difusión de los audios de Spagnuolo y la exposición de hechos de corrupción, el Gobierno intenta “esconder todo cerrando la ANDIS”. “No van a poder, porque están hasta las manos”, escribió en X, y denunció que se está ajustando a las personas con discapacidad.
Desde Provincias Unidas, Esteban Paulón consideró que el desmantelamiento del organismo constituye un intento de encubrir el escándalo del “3%” y de sacar del debate público a un área que, según dijo, el oficialismo convirtió en sinónimo de corrupción. También acusó al Gobierno de dilatar la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de concentrar recursos en el Ministerio de Salud.
La ex diputada socialista Mónica Fein alertó que el cierre de la ANDIS afecta a millones de personas con discapacidad y aseguró que, lejos de transparentar, el Gobierno responde al escándalo con ajuste sobre un sector vulnerable.
Por su parte, el diputado radical Pablo Juliano exigió que se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad y reclamó explicaciones sobre el destino del denominado “3%”, que —según denunció— terminó en manos de funcionarios y no en políticas públicas.
El diputado de Unión por la Patria Juan Marino afirmó que no se trata de un simple cambio administrativo, sino de un “desmantelamiento” del organismo encargado de garantizar derechos. A su entender, la decisión responde a una represalia tras el rechazo legislativo a derogar la ley de emergencia en el Presupuesto 2026.
“En lugar de desarmar la red de corrupción, desmantelan el organismo que debe aplicar la ley”, señaló Marino, quien advirtió que la medida implica un retroceso hacia un modelo médico y desconoce décadas de lucha por el enfoque social de la discapacidad.
En el mismo espacio, la diputada Sabrina Selva denunció que el Gobierno no solo incumple la ley y reduce pensiones, sino que ahora avanza directamente con la disolución del organismo. “Es una crueldad y un cinismo sin precedentes”, afirmó.
Finalmente, la senadora bonaerense Fernanda Raverta sostuvo que el cierre de la ANDIS no busca transparentar, sino evitar dar explicaciones. “Audios, coimas, dólares y el 3%: de eso no dicen nada. No cierran organismos, cierran explicaciones”, escribió en X.
IDC