Tras el escándalo desatado por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, el Gobierno concretó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y transfirió sus funciones al Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones.
La decisión venía gestándose desde que se detectaron diversas irregularidades en el organismo, que hasta entonces estaba conducido por el exabogado del presidente Javier Milei.
Este martes por la mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció oficialmente el cierre de la agencia y aseguró que la medida no implicará recortes ni la eliminación de prestaciones. En ese marco, informó que Alejandro Vilches, hasta ahora interventor de la ANDIS, asumirá como secretario dentro del Ministerio de Salud.
“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, señaló Adorni durante una conferencia de prensa. Además, explicó que el organismo fue creado en 2017 como una entidad descentralizada destinada a coordinar políticas públicas en discapacidad, pero que con el paso de los años acumuló una excesiva burocracia, descontrol administrativo y prácticas incompatibles con una gestión transparente.
Según detalló el funcionario, las irregularidades detectadas incluyeron pensiones que seguían cobrándose pese al fallecimiento de los beneficiarios, otorgamientos sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios que no prestaban. Como ejemplo, mencionó el caso de la Fundación METAS, que declaraba brindar apoyo escolar pero funcionaba en un inmueble precario, sin servicios básicos. “Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, afirmó.
Adorni sostuvo que la incorporación de las políticas de discapacidad al Ministerio de Salud permitirá una administración más transparente, con mayores controles y sin discrecionalidades. En ese sentido, adelantó que se garantizará la trazabilidad de los expedientes, se implementarán auditorías permanentes y se aplicarán criterios sanitarios en todas las decisiones. También anunció la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica.
El jefe de Gabinete remarcó que la medida no afectará a los beneficiarios: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni prestaciones de ningún tipo”, aclaró.
Desde la cartera sanitaria señalaron que el objetivo del reordenamiento es transparentar el uso de los recursos públicos, fortalecer los equipos de salud y mejorar la atención a las personas con discapacidad y sus familias. Subrayaron, además, que la transformación no implica una pérdida de derechos ni recortes en las prestaciones.
Finalmente, el Gobierno afirmó que la reorganización institucional es una condición clave para proteger los recursos del Estado y asegurar que las políticas de discapacidad cumplan efectivamente con su finalidad sanitaria.
IDC