La Corte Suprema responsabilizó al Estado Nacional, a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, así como a las ciudades de Rosario y Victoria, a llevar adelante el plan PIECAS-DP ante la continuidad de los incendios de pastizales en el Delta del Paraná. El tribunal superior dispuso poner en marcha el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Uso Sustentable del Delta, tras advertir que los focos ígneos se generan mayormente en territorio de Victoria y que no se registraron progresos en las acciones preventivas previamente acordadas.
La acción judicial había sido iniciada en 2020 por la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente, que denunció perjuicios por la presencia de humo y cenizas en Rosario y exigió medidas inmediatas para detener las quemas. Por su parte, las jurisdicciones involucradas presentaron sus respuestas atribuyéndose responsabilidades de manera recíproca.
Con las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, el Máximo Tribunal reiteró que el PIECAS-DP constituye el ámbito idóneo para articular políticas entre Nación, provincias y municipios, y remarcó que la supervisión del plan no es competencia judicial sino de las autoridades políticas. En consecuencia, la Corte dispuso condenar a los demandados a ejecutar el PIECAS-DP, colocar sistemas de alerta temprana, avanzar en la red de Faros de Conservación y aplicar estrategias de prevención y control del fuego en el Delta, imponiendo además las costas del proceso.
IDC

