El tribunal de la causa Vialidad solicitó ayer confiscar los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien está cumpliendo una condena de arresto domiciliario de seis años, junto con los bienes de otros condenados en ese expediente.
De este modo, lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF), compuesto por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
La medida, tomada luego de que la sentencia emitida en diciembre de 2022 fuera confirmada en junio pasado, afecta a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos adquiridos durante el período en que se llevó a cabo la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto originalmente fijado para el decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, conforme a criterios técnicos aprobados por la Corte Suprema de Justicia.
Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó ejecutar la medida a través de la venta y liquidación de los activos identificados.
Entre los bienes confiscados se incluyen propiedades de Lázaro Báez y de empresas vinculadas a su grupo empresarial, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, así como terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También figura un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La sentencia consideró probada la existencia de un circuito de beneficios ilícitos derivados de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, que implicó sobreprecios, cartelización y falta de controles, a favor del empresario Báez.
Este flujo de fondos públicos, según la Justicia, resultó en un crecimiento patrimonial ilegal que se tradujo en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.
Los jueces rechazaron los argumentos de las defensas, que habían planteado la falta de vínculo directo entre los bienes y el delito, la existencia de sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y la supuesta afectación de derechos de terceros. En su fallo, el tribunal destacó que el decomiso no requiere una trazabilidad contable exacta, sino una conexión razonable con los beneficios obtenidos a través de la maniobra.
Además, fundamentaron su decisión en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconocen la recuperación de activos como un principio fundamental.
También advirtieron que una interpretación restrictiva del decomiso podría favorecer la impunidad económica en casos de corrupción estructural.
En este marco, el tribunal señaló que, una vez realizada la tasación de los bienes, se comunicará lo resuelto a la Corte Suprema para su eventual asignación al servicio de justicia, y se ordenó su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados.
Asimismo, se instó a garantizar que los fondos recuperados sean destinados a la reparación del daño social causado, especialmente en la provincia de Santa Cruz, cuya infraestructura vial resultó gravemente afectada por las obras inconclusas.
Lo que había anticipado el fiscal Diego Luciani
El fiscal de la causa, Diego Luciani, había advertido a finales del mes pasado que estaba «luchando» para lograr el decomiso de los bienes de la ex mandataria.
“El decomiso está firme. Lo único que queda es ejecutarlo. Tenemos un decomiso de más de 500 millones de dólares. Se intimó a las partes para que paguen, no lo hicieron. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes», sostuvo el funcionario judicial al dar una conferencia en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires.
Luciani y su colega Sergio Mola habían solicitado, mediante un dictamen al TOF 2, que se procediera de manera inmediata con la ejecución demorada del decomiso contra Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad, después de que venciera el plazo de diez días hábiles establecido para el pago solidario de $684.990.350.139,86 (equivalentes a unos 500 millones de dólares).
IDC