La comisión investigadora especial de la criptomoneda Libra presentó hoy su informe final sobre el escándalo ocurrido en febrero pasado. El informe concluye que la difusión pública que hizo el presidente Javier Milei de un «negocio privado» desde una cuenta oficial fue un factor crucial para que la “estafa” a miles de inversores pudiera concretarse. Por esta razón, se instó al Congreso a evaluar el posible “mal desempeño” de Milei en el ejercicio de sus funciones.
El documento, de 204 páginas y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, incluye consideraciones sobre la responsabilidad política del presidente y otros altos funcionarios, un análisis de la red de intermediarios, como los lobbystas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y detalla que tanto Milei como estos dos personajes habían estado involucrados en otras tres operaciones financieras similares con criptomonedas.
En este sentido, el informe de la comisión, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), subraya que “la promoción del proyecto $LIBRA no fue un hecho aislado, ya que en diciembre de 2024 se llevó a cabo una maniobra financiera parecida relacionada con la moneda digital de KIP Protocol, en la que el Presidente de la Nación también participó con su promoción”. De igual manera, se mencionan otros casos de criptomonedas previas como Coin X y Vulcano.
Para los legisladores opositores que participaron en la redacción del informe final, con una activa intervención del secretario Juan Marino (Unión por la Patria), “las declaraciones del Presidente, en las que aseguraba desconocer los detalles del proyecto y que simplemente difundió información pública, carecen de base factual”.
En este marco, no dudaron en calificar la actuación de Milei como una violación a la Ley de Ética en la Función Pública.
“Sin la promoción hecha por Milei en su cuenta oficial, el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras que se registró”, indicaron, y destacaron que hasta el momento el presidente no ha explicado cómo obtuvo el enlace con el número de contrato del token Libra que difundió, “aunque esa información no era de circulación pública”.
Según las denuncias, Milei no consultó a los organismos de control antes de promocionar el criptoactivo en sus redes, lo que comprometió su investidura presidencial en un acto que no puede considerarse privado, revelando una conducta sostenida que difumina los límites entre lo público y lo privado.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también fue involucrada en el escándalo por presunta estafa, ya que autorizó la entrada a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos de los empresarios y lobbystas que participaron en “un acto que se investiga como una posible estafa de alcance internacional”.
Además, se cuestionó a los hermanos Milei y a otros altos funcionarios como Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva, quienes no asistieron a las citaciones para brindar declaraciones, siendo acusados de «incumplimiento de deberes», ya que “su comportamiento obstaculizó las funciones constitucionales e investigativas de esta comisión”.
“Esta Comisión Investigadora considera que este hecho plantea la necesidad de que el Congreso de la Nación evalúe, a partir de la responsabilidad política del presidente evidenciada en este informe, si Milei incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, concluyeron los diputados opositores.
“De hecho, el análisis integral de las pruebas reunidas muestra un patrón de acciones y omisiones por parte del presidente que resulta incompatible con el ejercicio adecuado de sus responsabilidades constitucionales. La promoción pública de un token cripto no auditado, la falta de acción frente a advertencias formales, la omisión deliberada de activar mecanismos de control interno y el uso de instalaciones oficiales para facilitar encuentros con promotores del token son conductas que exceden el ámbito de decisiones discrecionales y afectan la responsabilidad institucional del Jefe de Estado”, concluyeron.
La reunión de este martes fue la décima y última que celebró la comisión especial investigadora, creada como respuesta institucional al escándalo internacional que estalló el 14 de febrero pasado.
Ese día, el presidente promocionó en sus redes sociales el criptoactivo Libra, bajo el nombre “Viva la Libertad Project”, presentándolo como una causa noble para financiar pymes de todo el país.
Sin embargo, pronto se reveló que Milei había utilizado su investidura presidencial y popularidad para inducir a miles de usuarios a invertir en un negocio donde unos pocos ganaron con información privilegiada, mientras que la mayoría sufrió pérdidas millonarias.
Desde su inicio, el trabajo de la comisión pasó por varias etapas: después de un primer período de parálisis debido a la imposibilidad de elegir autoridades por el bloqueo sistemático del oficialismo, finalmente se logró destrabar la situación gracias a un proyecto del propio Ferraro que permitió normalizar el funcionamiento.
Con gran expectativa y una sala llena, la comisión realizó este martes su “última sesión” y presentó el informe final, que incluyó una serie de recomendaciones y conclusiones.
Al abrirse el debate, Marino, quien se quedó hasta las 4 de la mañana ajustando la redacción del informe, afirmó que la presentación de Libra como un “proyecto serio de inversión para desarrollar pymes” estaba más cerca de un “meme coin” que de una inversión legítima, diseñada para ser manipulada y crear el “tirón de alfombra” (rug pull).
El diputado de Unión por la Patria recordó que el entonces Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había admitido durante su interpelación en la Cámara de Diputados que el presidente evitó realizar consultas a los organismos públicos de control para determinar si la promoción de Libra podría generar algún conflicto de intereses que violara la ley de Ética Pública.
El dirigente opositor también subrayó que el apoyo de Milei a Libra no fue un “error” involuntario, sino una “decisión deliberada para eludir los controles estatales” y promover un negocio privado.
“El daño a la credibilidad institucional de la Argentina continúa hasta el día de hoy”, indicó, resaltando que no se trataba de un “hecho aislado”, ya que Milei, junto a Novelli y Terrones Godoy, ya habían participado en maniobras defraudatorias similares en el pasado reciente.
“Como órgano de control político sobre el Poder Ejecutivo, planteamos claramente que corresponde que el Congreso evalúe si el presidente de la Nación incurrió en mal desempeño de sus funciones”, afirmó.
Por su parte, el diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, señaló que existe un “patrón de conducta” que involucra directamente a Milei y Novelli, y coincidió en que lo ocurrido constituye un “daño muy grave” a la credibilidad del país. “Lo hizo desde una cuenta verificada que pertenece a altos funcionarios del Estado. Es decir, no lo hizo como un ciudadano común”, aclaró.
El diputado del PTS también desmintió las afirmaciones de Milei de que el contrato de Libra era “público”.
“Él intentó dar la impresión de que se encontró por casualidad con algo interesante para la Argentina y por eso lo difundió. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha explicado cómo accedió a ese link, cuya circulación no era pública”, subrayó.
Según Castillo, “ese contrato no lo podía encontrar cualquiera, sino solo aquellos con información privilegiada, como el propio Milei”, relacionándolo con las múltiples reuniones previas que el presidente mantuvo con empresarios cripto como Hayden Davis y los intermediarios Novelli y Terrones Godoy.
“Sin ese contrato no habría habido estafa. No habría sido posible llevar a cabo la maniobra del rug pull”, concluyó el legislador de izquierda.
IDC